Un grupo de vecinos, desde hace un tiempo, viene manifestándose en contra de que se construyan edificios de más de cuatro pisos en las calles interiores de Colegiales. Específicamente, los reclamos apuntan a la construcción de un edificio que está proyectado en Gregoria Pérez entre Álvarez Thomas y Delgado. En función de un cambio de código en el planeamiento urbano, este tipo de torres ha quedado autorizado, lo que desencadenó un profundo malestar en el grupo vecinal autodenominado Colegiales en Acción. Meses atrás, los vecinos se organizaron y dieron a conocer públicamente su disconformidad. Además, plantaron un arbolito en un cantero ubicado frente a la vivienda que sería demolida para construir el edificio (de allí las autoridades habían sacado otro añoso árbol) y pegaron carteles en la fachada de la casa, con leyendas que reflejaban opiniones contrarias a la construcción de torres.
Hace unos días, a nuestra redacción llegó un comunicado, que reproducimos a continuación: “Ante las movilizaciones del colectivo Colegiales en Acción en reclamo de sus legítimos derechos, la empresa constructora utiliza el aparato judicial para acallar sus voces”.
Este es el comienzo del texto, que sigue de la siguiente manera:
Colegiales en Acción denuncia presiones. Vecina de nuestro colectivo fue denunciada penalmente por la empresa constructora. Ante el reclamo de los vecinos por la construcción de un nuevo edificio en la calle Gregoria Pérez 3424/26/28/30/32/34 de CABA, de una altura absolutamente ilógica para este barrio de casas bajas, donde el código autorizaba la construcción de hasta 10,5 m. de altura, y cuya última modificación (2018) permite hasta 24 m, y la invasión de los pulmones de manzana en un barrio que tiene escasos espacios verdes, la Empresa a cargo del Proyecto eligió hacerle una denuncia Penal y Civil, alegando delitos inexistentes, a una de nuestras compañeras, que casualmente es mujer.
Dicha denuncia no tiene otro fin más que amedrentarla buscando callar al colectivo, con el fin de impedir que hagamos visible la situación. Los barrios están “construidos” como tejidos sociales, lo que nos permitió, ante el atropello externo, organizarnos y generar un colectivo gestador de acciones conjuntas impidiendo que avasallen nuestros derechos e intenten silenciar nuestra voz.
La denuncia penal está basada en que los vecinos plantamos un árbol, pegamos carteles en hojas A4 hechos con computadoras domésticas, diciendo “No a las Torres en Colegiales” y “No a los edificios de Altura más que la media”, y colgamos 3 pasacalles en el barrio para visibilizar lo que está pasando en toda la zona. Estos emprendimientos inmobiliarios nos perjudican. Queremos al barrio y lo defendemos porque no está preparado para aumentar la densidad poblacional de esta manera y los vecinos no queremos que nuestro cielo se llene de edificios en un vecindario de casas bajas, de pocos espacios verdes y sin pulmones de manzana. Por eso es menester que el desarrollo de los barrios esté normado por su capacidad para ser disfrutados y no por su capacidad de ser explotados, impidiendo que las ganancias de unos pocos generen perjuicios y pérdida económica para toda la población barrial.
Es nuestro indelegable derecho el de reclamar por aquello que creemos que no es justo, y siendo que nuestros legisladores son los legítimos representantes de nuestra voluntad y necesidades, es esperable que sus decisiones respondan al interés de la comunidad en general y no al de quienes, sin arraigo alguno en la comunidad en la que intervienen mediante sus construcciones, solo los mueve el desmedido afán de lucro. Es lamentable que se utilicen los recursos públicos, en este caso el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que deberían estar orientados a la protección de los derechos y los bienes de los vecinos, y no al servicio de quien, con su poder económico y sin ningún contacto con la historia ni la dinámica barrial, pretende acallar la voz de quienes verdaderamente “construimos” cada día el barrio de Colegiales.
Foto: Gregoria Pérez entre Conde y Martínez.
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