Geriátrico clausurado: ya se conoce el fallo

Días atrás, se informaba que se estaba llevando a cabo el juicio. Hoy, ya se conoce el fallo. En el ex hogar geriátrico de Avenida de los Incas y Zapiola, se vivieron horas de intensa angustia en abril de 2020. Recién comenzaba la cuarentena obligatoria dictada desde el Gobierno nacional y, si bien ya había casos de coronavirus y mucha preocupación en CABA y todo el territorio argentino, todavía no había estallado la ola de contagios de Covid-19. En este contexto, la residencia Apart Incas se vio envuelta en un escándalo de importantes repercusiones, dado que residentes y trabajadores del lugar contrajeron el virus. El hogar debió ser evacuado. Lo clausuraron y nunca más volvió a abrir. Desde hace un tiempo, la antigua casona se encuentra en venta.

Hubo 38 personas contagiadas, 28 residentes y 10 empleados. Fueron diez las personas fallecidas, todos ellos, residentes. A partir de esta situación, se iniciaron acciones legales con la finalidad de hallar a los culpables.

Condenados y absueltos

El juicio oral se llevó a cabo en el Tribunal Oral N° 12 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo. Su sede se encuentra en Beruti y Coronel Díaz. La decisión de la Justicia dejó arrojó este saldo:

-A Hugo Eduardo Visca -uno de los dueños del Apart-, lo condenaron a dos años de prisión de ejecución condicional. También, a cuatro años de inhabilitación para dirigir y administrar residencias geriátricas. Visca deberá fijar una residencia, someterse al Patronato de Liberados, realizar cien horas de trabajo comunitario e ir a un taller de resolución de conflictos dictado por el Poder Judicial.

– Luis Daniel Megyes –otro de los dueños- recibió la misma pena.

-Carla Lorena Raffo, que se desempeñaba como médica del hogar, fue penalizada con dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer como directora médica en casas de geriatría, más allá del pago de las costas del juicio.

-Paula Verónica Trunzo resultó absuelta por decisión unánime. En su momento, trabajaba en el Gobierno de la Ciudad, con la función de fiscalizar geriátricos.

-Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Haydée Allegue eran socias de la institución. En ambos casos, fueron absueltas. Una medida cautelar les impedía salir del país como consecuencia de la acusación que pesaba sobre ellas, pero en el juicio se estableció que la misma quedara sin efecto, al igual que la suspensión en sus cargos y los embargos preventivos.

Descontentos por el fallo

Durante el juicio, la única persona de entre los imputados que en la última audiencia hizo uso de la palabra fue la doctora Carla Raffo. La médica infectóloga manifestó que actuó de buena fe. Una vez conocida la decisión de los jueces, expresó su disconformidad por la condena recibida. Sus abogados defensores afirmaron que apelarán el fallo.

Luis Megyes –quien tampoco ocultó su desacuerdo ni su “perplejidad” con la decisión- habló con La Nación. “Nadie en todo el proceso manifestó algo en mi contra, ni por acción ni por omisión”, indicó el dueño del establecimiento, en declaraciones publicadas a través de lanacion.com.ar. “A lo largo de su descargo, Megyes aseguró que su rol no era el sanitario y que nunca presionó a ningún trabajador para que prestara funciones estando enfermo. Afirmó que actuó de manera transparente frente al brote de Covid-19 y que, apenas se enteró de la situación, pidió que se notificara a todas las familias sobre lo que ocurría en el establecimiento. Además, explicó que solicitó formalmente la derivación de todos los pacientes, dado que el personal se había internado de manera masiva por síntomas compatibles con coronavirus y no había posibilidad de reemplazar a quienes permanecían en funciones”, informó La Nación.

Por su parte, Infobae.com realizó una extensa entrevista con Carla Raffo. “Estábamos en una situación de pandemia, en el inicio, donde no se sabía absolutamente nada. Donde los protocolos cambiaban todo el tiempo, donde los protocolos hechos por el Gobierno de la Ciudad que estaban focalizados en geriátricos eran impracticables”, argumentó la médica, enfatizando en su inocencia y agregando que obraría de igual manera. “Si volvemos a ese momento, a ese día, con el conocimiento que había de las cosas, volvería a ser lo mismo, porque no tenía otra cosa para hacer. No tenía más herramientas porque el Gobierno de la Ciudad no derivó y el SAME no se llevó a los pacientes”, sostuvo, entre otras frases de disconformidad para con el fallo.

Foto: la casa de Incas y Zapiola en estos días, con el cartel de venta.