El Gobierno de la Ciudad dispuso un conjunto de medidas destinadas a endurecer los controles sobre los comercios dedicados a la comercialización y reparación de celulares usados, con el objetivo de impedir que equipos sustraídos, piezas y repuestos de procedencia ilícita ingresen al circuito comercial. La disposición establece una emergencia transitoria de 90 días para esta actividad y contempla controles extraordinarios sobre los establecimientos. Entre las principales herramientas se encuentra la creación de un sistema de registro y trazabilidad que permitirá seguir el origen de los equipos, partes y repuestos involucrados en las operaciones, señaló un comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los aspectos de mayor interés para los vecinos de Colegiales es que Chacarita, junto con Villa Crespo, fue incluida entre las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”. La selección de estos sectores –agregó el comunicado- se realizó a partir de distintos indicadores vinculados con delitos e infracciones relacionados con la actividad, secuestros y recuperos de teléfonos, denuncias, investigaciones, resultados de operativos, cantidad de comercios y antecedentes de incumplimientos. Las otras zonas inicialmente determinadas son Retiro–Microcentro, Balvanera–Once y Liniers–Límite Oeste. En estos puntos se concentrará especialmente la intervención durante el período de emergencia.
Dentro de las áreas consideradas críticas quedará suspendido el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones para actividades económicas vinculadas con la venta o reparación de celulares usados. La restricción también alcanzará las transferencias de habilitaciones y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a ese tipo de actividad. De esta manera, la situación de Chacarita adquiere particular relevancia por su proximidad con Colegiales y por formar parte del grupo de barrios donde se aplicará este esquema de fiscalización reforzada.
Más controles sobre los comercios
Durante los 90 días de emergencia, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad llevarán adelante procedimientos extraordinarios y operativos coordinados en comercios y otros espacios considerados de mayor riesgo. La AGC tendrá a su cargo controles destinados a comprobar la procedencia legítima de los celulares, piezas y repuestos. Los establecimientos deberán demostrar el origen de los productos que tengan para la venta o que utilicen en reparaciones. En aquellos casos en los que no puedan acreditar su procedencia legal, se prevé la clausura de los locales. El decreto también establece que, mientras se completa la puesta en marcha de las nuevas herramientas de registro y control contempladas en el Decreto 295/26, se intensificarán las tareas de fiscalización sobre la actividad.
La trazabilidad como mecanismo permanente
Más allá de la emergencia, el nuevo esquema apunta a establecer un sistema permanente que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones vinculadas con la compraventa y reparación de teléfonos usados. La intención es dificultar que celulares robados puedan ser incorporados al mercado formal mediante su venta, desarme o utilización de sus componentes. El mecanismo de trazabilidad buscará, de este modo, facilitar el seguimiento de cada equipo y de las piezas que ingresen a los comercios del sector. El Gobierno porteño plantea así un modelo de aplicación escalonada: controles inmediatos durante la emergencia, operativos focalizados en los sectores considerados críticos y, posteriormente, un sistema estable de registro y seguimiento.
La postura del jefe de Gobierno
Jorge Macri sostuvo que las nuevas disposiciones apuntan directamente contra las organizaciones dedicadas a la comercialización de teléfonos robados y cuestionó a quienes adquieren equipos sustraídos para desarmarlos y vender sus componentes. “Se terminó la mafia de los celulares robados”, afirmó el jefe de Gobierno, quien también señaló que en las zonas consideradas de alta criticidad no se habilitarán nuevos locales destinados a la reparación de celulares durante la vigencia de las medidas. Además, remarcó que los comerciantes deberán demostrar la procedencia de las piezas que posean.
Otras acciones de seguridad
Según el comunicado oficial, las nuevas disposiciones forman parte de una política de seguridad y ordenamiento urbano que el Gobierno porteño viene implementando desde diciembre de 2023. Dentro de ese conjunto de acciones, la administración porteña menciona el desalojo de 670 cuadras que eran ocupadas por manteros en parques, plazas y veredas comerciales; los operativos de control en los accesos a la Ciudad y los procedimientos de saturación en grandes centros de transporte. También se señala la recuperación de más de 900 propiedades que habían sido usurpadas y fueron restituidas a sus propietarios, además de los controles aplicados sobre nuevas construcciones en distintos barrios y villas, entre ellas la Villa 31 y La Carbonilla.
Foto: una captura de un video subido desde la cuenta de X @jorgemacri (Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires).
