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Apart Incas: fallecieron seis personas

A mediados de la semana pasada dábamos información acerca del fallecimiento de una de las personas evacuadas del “Apart Incas”, el geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola. Un par de días había transcurrido desde que la residencia había sido clausurada luego de que en distintas ambulancias se llevaran para reubicar en otros centros asistenciales, a numerosos infectados que contrajeron el Covid-19 dentro del establecimiento.

A continuación, fueron dándose más casos de adultos mayores cuya muerte ocurrió luego de los traslados efectuados por el SAME y por vehículos de empresas de salud privadas. Hasta el viernes, cuando aconteció el último de los decesos, eran seis las víctimas fatales, entre hombres y mujeres con edades, iban desde los 80 hasta los 94 años.

De acuerdo a lo informado a la Agencia Télam por Ignacio Trimarco, el abogado que representa a los familiares de las víctimas, todavía permanecen internados veintiún adultos mayores y diez empleados administrativos del “Apart Incas”.

Mientras el geriátrico continúa con la faja de clausura franqueando sus accesos, sus propietarios y una médica son investigados por la Justicia. El fiscal que ordenó el allanamiento, Maximiliano Vence,  manifestó que  hubo “abandono de persona seguido de muerte” y “propagación de una enfermedad” de parte de los imputados.

El abogado de los familiares, asimismo, señaló que además se puso la mira sobre más residencias pertenecientes a los mismos dueños, en función de que los empleados que rotaban entre los establecimientos, no respetaban los protocolos de prevención ordenados para resguardo de la gente.

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires también serán investigadas por la Justicia. ¿Por qué? En su defensa ante la prensa que cubrió la noticia, los representantes del “Apart Incas” argumentaron que los problemas se precipitaron a partir de que la estructura del lugar se vio desbordada por el contagio masivo ocurrido el interior de la residencia, y de la respuesta del Gobierno porteño, que habría dicho que derivar a los pacientes, no era lo apropiado.

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