Conductor de la 168, suspendido por un mes

Sucedió en Álvarez Thomas y Federico Lacroze, en la madrugada del sábado 31 de marzo. Días atrás, hubo más novedades, acaecidas con la suspensión por 30 días del chofer de un interno de la línea 168. La resolución la tomó la CNRT. ¿Qué ocurrió? El conductor se negó a continuar viaje a instancias del conflicto que tuvo lugar con un pasajero llamado Emanuel Moyano, a quien le impidió subir en la parada ubicada en la intersección de dichas avenidas.
El pasajero publicó en Internet su versión del asunto, la elevó a la Defensoría, al INADI y hasta le escribió una carta por facebook al presidente Macri. La noticia se viralizó rápidamente. Según Moyano, debido a su condición de gay y discapacitado, el colectivero lo agredió verbalmente. En principio, se negó a dejarlo viajar dado que no contaba con una SUBE y se había olvidado el certificado de discapacidad. A pesar de que el amigo con el cual se encontraba y otros pasajeros se ofrecieron a prestarle la tarjeta, Leonardo Benítez -el chofer- no lo aceptó, al tiempo que redoblaba sus reacciones discriminatorias.
El conflicto llegó al punto máximo de tensión porque el conductor optó por no arrancar mientras el muchacho estuviera a bordo. «Prefiero terminar en la comisaría antes de llevarlos», dicen que exclamó Benítez. Cómo Moyano tampoco aceptó bajar, la unidad permaneció más de media hora detenida. Recién se destrabó cuando intercedieron agentes de la Policía. Entonces, los amigos descendieron y el interno volvió a circular.
Días después, el organismo oficial fundamentó de esta manera su decisión: «Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero».
Como tema vinculado, trascendió la preocupación de Moyano por su situación laboral y la inquietud que le hizo llegar a Macri, reclamando el cumplimiento del cupo de 5% de la planta del Estado para personas con discapacidad: «Cada vez que entro a trabajar en algún lado me terminan echando, porque a las obras sociales no les conviene tener una persona que demanda medicamentos tan caros, más de $ 50 mil mensuales para tratamientos prolongados».